Por Guillermo Moreno

He recibido una comunicación que circula a la firma del Lic. Arsenio Hernández, bajo el título, “Aclaración necesaria”, motivada por unas declaraciones del suscrito que aparecen en el periódico “El Caribe” del día de hoy martes 13, página 8: “Moreno dice no fue invitado a reuniones”.

He considerado pertinente hacer una aclaración a la “aclaración”.

Reproduzco textualmente lo que le dije al periódico El Caribe y que reproduce éste, entre comillas, en el primer párrafo de la información:

“Los cuatro candidatos que firmaron el protocolo, ellos hicieron su propio acuerdo de unidad, lo que nosotros saludamos. Ellos hicieron sus reuniones a las que no fuimos invitados, decisión esta que respetamos”.

1.- Como se puede deducir nunca nos hemos referido a la Cumbre que propuso el Frente Amplio, pues como le manifestamos directamente al Dr. Julián Serrulle, el 14 de octubre, al visitarle en su local nacional, y luego le reiteramos a una comisión que presidió el Lic. Higinio Báez, considerábamos que primero era necesario “armar la mesa de convergencia” entre los 5 candidatos proclamados.

2.- En varias oportunidades afirmamos públicamente que cualquier evento para anunciar acuerdos de unidad tenía que ser posterior a que se armara la mesa de convergencia porque conforme el criterio que sustentamos, era en ésta donde se debían crear los niveles de confianza y los puentes de comunicación que nos permitieran construir los consensos políticos necesarios para producir un real proceso de unidad.

3.- Como puede verse, siempre hemos sido claros y precisos respecto de nuestra posición unitaria.

4.- Ahora bien ¿A que reunión es que nos estamos refiriendo y que figura en la cita de mis declaraciones hecha por el periódico El Caribe? Paso a seguidas a aclarar este punto.

5.- Resulta que a solicitud formal del grupo de sacerdotes “Don Helder Cámara”, asistimos, el pasado 22 de noviembre, a un encuentro en “Jima”, Bonao en el que, conforme la invitación, asistiríamos todos los candidatos proclamados. De estos estuvimos presentes, además del suscrito, los Dres. Max Puig e Ismael Reyes. Hubo una representación del Frente Amplio.

6.- .En ese encuentro acordamos i) que se produciría una próxima reunión el martes 29 en el Colegio Médico Dominicano; ii) que esa reunión seria entre los candidatos proclamados que hubieran manifestado de forma expresa su decisión de participar en las elecciones del 20 de mayo de forma independiente de los partidos tradicionales; iii) que ese día dejaría constituida una mesa de trabajo entre los 5 candidatos; iv) que esa mesa de tendría un carácter soberano; v) que esa mesa era independiente de la cumbre o de cualquier otro evento y ella se daría su propia agenda de trabajo; vi) y por último, que los sacerdotes coordinarían la realización del encuentro del martes 29 pero que ya instalada la mesa ellos dejarían su labor de mediación en manos de los candidatos.

7.- A la referida reunión del martes 29 asistí como me había comprometido. También asistió el Dr. Ismael Reyes. Las otras tres organizaciones enviaron delegaciones.

8.- Esta situación hizo que los sacerdotes allí presentes manifestaran su inconformidad por el incumplimiento del compromiso asumido por los candidatos de asistir y dejar armada ese día 29 la mesa de los candidatos, conforme el acuerdo que habíamos asumido el día 22 en Jima, Bonao.

9.- Con posterioridad al referido encuentro del 29, específicamente el martes 6 de diciembre, se produjo la reunión de los cuatro candidatos a que hice alusión en las declaraciones hechas a El Caribe, ratificando por este medio que a la misma no se me invito a participar ni se me comunicó.

10.- Como puede deducirse, nunca he dicho que no se me informó la celebración de la cumbre. Lo que he dicho es que no se me invitó a la reunión, refiriéndome a la que celebraron los cuatro candidatos el día 6 de diciembre y que fue una derivación de las reuniones que sostuvimos bajo los auspicio del grupo sacerdotal “Helder Cámara”.

A pesar de ello, valoramos como positivo los acuerdos arribados por los cuatro candidatos y respetamos su decisión de impulsar un acuerdo entre ellos sin nuestra participación. Esta situación en modo alguno afecta nuestra posición ni disposición a la unidad. Para los cuatro candidatos, de parte nuestra, solo puede haber el sincero deseo de la mayor de las suertes.



Guillermo Moreno.
Martes 13 de diciembre de 2011.
Santo Domingo, D.N., República Dominicana.

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por: GUILLERMO MORENO
El 1961, con el ajusticiamiento del sátrapa Trujillo, debió ser el año de nuestro despegue sostenido hacia la democracia y el desarrollo nacional.

El pueblo hizo la parte que le correspondía. Se movilizó. Tiró por tierra las estatuas del dictador. Hizo huir el gobierno títere. Tan solo 20 meses después elegía a la Presidencia al profesor Bosch, verdadero paradigma ético y con un profundo compromiso social. Bosch propició la Constitución y el gobierno más democrático que antes y después hemos tenido.

Pero las élites tradicionales no estuvieron a la altura de las circunstancias.

A los siete meses auparon un golpe militar. Se repartieron una parte importante de los bienes del pueblo en manos de la dictadura. Propiciaron un gobierno espurio, corrupto y autoritario que atropelló las libertades y los derechos fundamentales. De nuevo el pueblo actuó. Una parte de nuestra juventud, liderada por Manolo Tavárez Justo, se fue a las montañas y allí ofrendó sus vidas.

Luego, un significativo grupo de militares, encabezados por los coroneles Rafael Fernández Domínguez y Francisco Alberto Caamaño Deñó, se levantó en armas para reponer la Constitución y el gobierno legítimo. El pueblo se organizó en comandos y libró una de las más bellas epopeyas de nuestra historia, defendiendo nuestra soberanía, al producirse la segunda invasión norteamericana del suelo patrio.

De nuevo las élites no estuvieron a la altura de las circunstancias. Se aliaron al sector militar más reaccionario, y en componenda con el ocupante extranjero, forzaron para imponer un gobierno autoritario que restituyó en parte la herencia trujillista.

Nueva vez nuestro pueblo se movilizó en las calles. Aportó miles de sus jóvenes a la lucha por la libertad y la democracia. Solo 12 años después, se pudieron derrotar los planes continuistas del gobierno autoritario de Joaquín Balaguer. Esta vez el pueblo lo hizo a través del Partido Revolucionario Dominicano. Ese partido había movilizado la conciencia nacional y sembrado la esperanza de la libertad, la democracia y la justicia social.

Parecía que el pueblo al fin encontraba un camino para realizar su destino. Pero no, la cúpula del PRD que asumió la dirección del Estado, en sus dos gobiernos sucesivos frustró las ansias del pueblo dominicano de avanzar en forma sostenida hacia la institucionalidad democrática y el desarrollo nacional. Se crearon las condiciones que permitieron el retorno y el restablecimiento político de Joaquín Balaguer en 1986

LA ENCRUCIJADA. La sociedad se encuentra hoy ante una importante encrucijada: continuar bajo el dominio del liderazgo y los partidos tradicionales o producir un cambio de rumbo.

Y decimos más, por la profundidad de la crisis, la infuncionalidad del Estado y los niveles de exclusión y desigualdad social, hoy presentes, de continuar el dominio de ese liderazgo tradicional corremos el riesgo de que se produzca una fractura político-social que desconozca la institucionalidad democrática. En ese escenario perderemos todos.

Por estas razones, nuestra sociedad está ante el imperativo del surgimiento de un liderazgo político y social diferente y diferenciado del liderazgo tradicional. Ese nuevo liderazgo debe actuar políticamente para, por las vías institucionales, ganar el gobierno y desde allí liderar el proceso de cambio de rumbo.

Ese nuevo liderazgo tiene que caracterizarse por su autoridad moral, su compromiso social, sus convicciones democráticas, su capacidad y su patriotismo. Ese nuevo liderazgo tiene que sentar las bases de una nueva forma de hacer política, guiada por principios y valores. Ese nuevo liderazgo tiene que encarnar un proyecto de país, basado en la democracia, la justicia social, el desarrollo y soberanía nacionales.

Todo este recorrido histórico muestra que en repetidas ocasiones el pueblo ha hecho su parte en la búsqueda de un mejor país. Que sin embargo el liderazgo político y las élites de poder tradicionales no han estado a la altura de las circunstancias o han puesto por delante sus intereses mezquinos. Pero a pesar de todos los avatares históricos, una nueva generación se levanta, aquí y ahora, dispuesta a recoger el legado dejado por las generaciones precedentes.

Es que los pueblos no dejan de parir hombres y mujeres que mantienen viva la llama de la esperanza, que son tozudos en su idea de una mejor sociedad, que no se resignan a ser suprimidos, en nuestro caso, por el “grupito de malos dominicanos” del que nos advirtió el padre de la patria, Juan Pablo Duarte.

Ese sentimiento se transmite de generación a generación, y aunque pretenden acallarlo, germina, y como los manantiales, gota a gota forma ríos, que un día irrumpen y forman torrentes de pueblo que se pone en movimiento y marcha.

15 AÑOS PERDIDOS

Las últimas veces que el pueblo dominicano actuó en el sentido de producir un cambio en los destinos nacionales fue en las elecciones de 1990 y de 1994. En ambas oportunidades una parte mayoritaria de la sociedad votó por el Profesor Juan Bosch y el Dr. José Francisco Pena Gómez, respectivamente. En ambas ocasiones, un fraude electoral, hecho desde el poder, frustró las esperanzas que encarnaban ambos liderazgos cimeros. Desde entonces la sociedad dominicana deambula perdida, buscando camino sin encontrarlo. Los gobernantes elegidos en estos últimos 15 años han sido un verdadero fiasco. Lejos de hacer el giro hacia la democracia, el fortalecimiento institucional, enfrentar la pobreza y la desigualdad, lo que han hecho es reproducir en forma ampliada las peores prácticas de corrupción y clientelismo del pasado.

Son 15 años perdidos, casi una generación. En estos 15 años nuestro pueblo vive como en agonía, desesperanzado unas veces, desesperado otras. Los nuevos dueños del poder político --ninguno con categoría para llamarle líder o estadista-- han profundizado una crisis que hoy es estructural. La crisis que enfrentamos es de factura propia y toca todos los órdenes: el económico, el político, el social, el moral, el cultural, el ambiental. El poder político es regenteado por un liderazgo que se entiende y actúa desde tres partidos tradicionales que se han igualado en una práctica de la política y un ejercicio del poder, basados en la corrupción y el clientelismo. Renunció ese liderazgo a encarnar un proyecto de cambios que nos conduzca a la democracia y al desarrollo nacional. En realidad, ese liderazgo en su mayoría se integra por negociantes de la política, cuyo único propósito es llegar a las funciones públicas para servirse de los negocios e inversiones del Estado en beneficio propio. La democracia está “entrampada” entre una legalidad formal y representantes carentes en su mayoría de real legitimidad.
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Por Guillermo Moreno

Este es un llamado a la rebeldía. Pero no se asuste, es una “rebelión” pacífica, democrática, en fin, una “rebelión” ciudadana. Este llamado es a rebelarnos contra quienes pretenden apropiarse de nuestras libertades, derechos y utopías. En el pasado, los opresores eran fácilmente identificables pues vestían el traje de ocasión: Era el amo con su látigo. El conquistador con su yelmo y arcabuz. El burgués con su sirena y su fábrica. El imperio con sus portaviones y marines. Pero este nuevo “opresor” es “tartufo”, no se identifica a primera vista, nos confunde, nos envuelve, y en ocasiones se legitima con nuestra complicidad.

Un poco de historia. “El ciudadano” fue de las más significativas conquistas de la democracia, en su versión moderna y liberal. Al principio quedaron segregados algunos grupos de “seres humanos” de porciones de derechos, como por ejemplo, los no propietarios y las mujeres, de “elegir y ser elegidos”. Pero eso fue momentáneo. La rueda de la historia estaba en movimiento. La evolución de la democracia fue la ampliación del universo de “ciudadanos” y la inclusión, cada vez, de nuevos “derechos”.

Así, de derechos individuales y políticos pasamos a derechos sociales, derechos colectivos, derechos difusos, y el proceso continúa. La democracia liberal, en su momento, enarboló principios verdaderamente revolucionarios: Todos los seres humanos “nacen libres”, “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”; “la soberanía descansa en el pueblo”. En este último punto surgió la cuestión de cómo administrar el ejercicio de la “soberanía” ciudadana. Al principio se agrupaban los “partidarios” de una causa, y luego éstos se convirtieron en estructuras permanentes bajo la denominación de “partidos”. Los partidos han terminando siendo los “regentes” de la democracia y de nuestra soberanía. Los partidos, al igual que otrora la nobleza y los cortesanos, son los proveedores de representantes en los poderes del Estado y del funcionariado, en los distintos ministerios.

La Transmutación. El paso de los partidos por el Estado, en la mayoría de los casos, produce que sus cúpulas dirigenciales cultiven intereses propios y privilegios que sólo pueden mantener si conservan el control del poder político o parte de él. En este momento, los intereses de esas cúpulas se superponen a cualquier programa o principio originario del partido. Este pierde todo interés en profundizar la democracia o ampliar las esferas de la soberanía ciudadana y de derechos. Es el punto en que los partidos dejan de promover el cambio social y se convierten en sustentadores del status quo. Es entonces cuando se transmutan en partidos tradicionales.

Democracia entrampada. Los partidos tradicionales han “entrampado” la democracia. Han logrado crearse sistemas de privilegios, acumular recursos, influencias y conexiones que les permiten reproducirse en las funciones públicas como si fueran de su propiedad. Sus directivos se lucran de negocios e inversiones del Estado. Benefician allegados o leales para acumular en “manos de terceros”, recursos de los que luego pueden disponer en futuras jornadas políticas. Han creado un sistema de impunidad atrofiando cualquier amago de independencia del Ministerio Público, junto a un Poder Judicial sin voluntad para sancionarles.

Los planes “sociales” del Estado son programas para comprar lealtades políticas. Desprecian la carrera administrativa y prefieren desarrollar un sistema clientelar de designación en las funciones públicas, junto a “nominillas” de zánganos políticos que reciben un cheque mensual sin trabajar. Las instituciones democráticas han devenido sometidas a ese juego de los partidos tradicionales. Ellos son los dueños del Ejecutivo, del Congreso, de la Justicia y de los Ayuntamientos. Ellos deciden los titulares de los distintos ministerios, de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas. Finalmente, la soberanía no descansa en el pueblo, sino en el partido que se hace del control del Estado, o más aun, de su comité político o del caudillo del mismo.

Las élites económicas y los banqueros, que hace muchas décadas entendieron esta lógica de funcionamiento de la democracia liberal, no se preocupan por postularse ellos a los cargos públicos. Prefieren invertir en las campañas electorales de esos partidos y por esa vía cooptar sus candidatos, quienes eventualmente se convierten en presidentes, senadores, diputados, síndicos y regidores. Esta “mancuerna” de ciertas élites económicas y directivas partidarias corruptas desguazan cada cuatro años el Estado y el patrimonio público. Si llegamos a este punto es porque ni hemos tenido un liderazgo con verdadero compromiso social, ni autoridades con el carácter para haber frenado el proceso creciente de corrupción e impunidad que ha copado la dirección del Estado, gobierno tras gobierno. Consolidada la situación no es posible esperar que ellos mismos vayan a prohijar instituciones que les pongan límites o los frenen. Sin institucionalidad y con un precario Estado de derecho, la ciudadanía está a merced de lo que estos políticos profesionales y negociantes de la política hagan con nuestras vidas y nuestro futuro. Estos partidos tradicionales han entrampado de tal forma el juego democrático que al ciudadano le es muy difícil, respetando las reglas que ellos han diseñado, poder desplazarlos. Es por todo esto que tenemos que rebelarnos.

El puente roto. La acción de esos partidos tradicionales ha tenido como efecto que la ciudadanía que aspira a un cambio termine creyendo que el mismo no se puede producir en el país. Nuestra rebeldía es para reconstruir “los puentes rotos” que permitan a la ciudadanía asumir que el “cambio” necesario es también un cambio “posible”.

Negociantes de la política. Los negociantes de la política, materia prima de los partidos tradicionales, los podemos identificar, no tanto por lo que dicen sino por lo que hacen. Ellos no defienden principios, ni valores, ni ideas. Su único fin es ganar elecciones y mantenerse en el control del poder. Carecen de escrúpulos, se valen de la demagogia, la mentira y dicen siempre lo que su interlocutor quiere oír. Ellos no tienen respeto por el ciudadano. Para ellos, todo el mundo tiene un precio: o es un empleo, o una promesa, o un “bono gas”, o una tarjeta “Solidaridad”, o una caja de muerto, o un salami, o un pollo descuartizado, o una receta médica, o una botella de ron o 300 pesos.

Ellos han descubierto el poder del dinero en países con nuestros niveles de pobreza y de analfabetismo y por eso lo usan profusamente. Llenan el país de vallas, afiches, comerciales en la radio y la televisión. Nadie nunca sabe quién o quiénes le financian sus campañas. Solo después que ganan las elecciones, siguiendo el sentido de algunas de sus políticas y los destinatarios de las contratas y de los negocios del Estado, vamos descubriendo a los “inversionistas”. Contra estos negociantes de la política y sus financiadores es que tenemos que rebelarnos, porque ellos han hecho de la soberanía ciudadana una mercancía.

De nuevo la farsa. Los partidos tradicionales y los negociantes de la política de nuevo hacen aprestos para montar su farsa. Preparan el escenario para propagar sus falsas promesas. Ellos, los mismos actores responsables de todo lo que ha sucedido y ha dejado de hacerse en los últimos cuarenta y cinco años ahora pretenden hacernos morder su manzana envenenada. De nuevo copan los medios de comunicación con sus anuncios cada cinco minutos. Llenan el país de sus vallas y afiches. Regalan dinero. Prometen empleos. Hacen encuentros en lujosos salones de hotel. Ha llegado el momento de rebelarnos contra todo esto.

Salir del cascarón. Si nos quedamos en nuestras casas. Si nos resignamos a nuestra zona de confort. Si nos abstenemos de participar y los ignoramos, a los negociantes de la política no les importa. En su laborantismo, ellos lograrán accionar los medios que les permitirán mantenerse en el control del poder y seguir decidiendo nuestras vidas y nuestro destino. Es necesario salir del cascarón. Tenemos que romper y hacer que muchos otros rompan la tutela que sobre la ciudadanía tienen esos partidos tradicionales. Cambiar el miedo y la inercia por la actitud de “sí se puede” y emprender “acciones colectivas”.

Un movimiento ciudadano. Llegó la hora de ponernos en movimiento. De producir una rebelión ciudadana. Pacífica. Sustentada en ideas y propósitos. Emprender acciones colectivas. Contagiar a muchos y muchas. Construir auditorios ciudadanos. Es el momento de rebelarnos por todas las causas olvidadas o que la “democracia de mercado” ha pretendido aplastar.

Nos mueven ideas, principios y valores. Comencemos por sentirnos orgullosos de defender ideas, principios y valores que orienten nuestras vidas. Nos rebelamos por la libertad y la solidaridad. Nos rebelamos para que haya igualdad de oportunidades para todos sin que el disfrute de los derechos pueda ser condicionado por el origen social, el color de la piel o el género. Nos rebelamos contra toda forma de inequidad social. Nos rebelamos contra la injusta distribución de las riquezas. Nos rebelamos por una democracia real donde además del derecho a hablar haya la obligación de que se nos escuche y se nos responda.

Nos rebelamos por una democracia participativa en que además de votar podamos revocar los malos representantes. Nos rebelamos por la igualdad de todos ante la ley. Nos rebelamos contra toda forma de privilegios e impunidad. Nos rebelamos por la transparencia y pulcritud en el uso de los recursos públicos. Nos rebelamos por el retorno de nuestros impuestos en servicios públicos de calidad. Nos rebelamos por el respeto y preservación del medio ambiente. Nos rebelamos por la equidad de género. Nos rebelamos por el derecho de todo niño, niña, adolescente y joven a una educación de calidad. Nos rebelamos por el derecho a la salud. Nos rebelamos para refundar la política como una actividad ciudadana, democrática, honesta y al servicio del bien colectivo. Nos rebelamos por la paz y la cooperación entre los pueblos y en contra de la guerra, la violencia y toda forma de dominio en las relaciones internacionales. En fin nos rebelamos por un mejor país y una mejor humanidad.

Recuperar la soberanía ciudadana. Vamos a hacer añicos la demagogia y las mentiras de los partidos tradicionales y los negociantes de la política. Definitivamente ellos no nos representan. Los ciudadanos tenemos que recuperar nuestra soberanía. Queremos hablar por nosotros mismos. La ciudadanía tiene que entrar en un estado de movilización permanente. Dejemos que voten por ellos sus banqueros corruptos, sus grupos de poder, sus élites.

Un contagio convertido en epidemia. Nuestra rebeldía es ciudadana, es voluntaria y es pacífica. Nuestra rebeldía tiene que promover acciones colectivas. Apropiarnos de las calles, las esquinas, los barrios, las paredes, los parques, las plazas, y todas ellas hacerlas nuestras. Tiene que divulgarse por los medios digitales, ir de boca a boca. Cada uno/a tiene que incorporar a sus seres más cercanos. Y que éstos involucren a otros/as. Nuestra rebeldía tiene que producir un inmenso contagio ciudadano y tener el cielo como techo. (25.05.2011).

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A golpe de dos firmas, el Presidente de la República y el Presidente del PRD, han asestado un duro golpe a la Constitución, y a la de por si precaria institucionalidad democrática de la República Dominicana.

El pacto firmado constituye un verdadero atentado a la Constitución dado que por el mismo los suscribientes han acordado que se publique la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura a sabiendas de que dicha ley es nula por haberse aprobado con una mayoría simple en violación de lo dispuesto por el artículo 112 de la Constitución de la República que exige una mayoría especializada de las dos terceras partes.

Estamos pues ante el hecho de que el Presidente de la República, junto al Presidente del PRD, se han “asociado” para constituirse en un “suprapoder” con facultad de hacer que sus legisladores, cual borregos, le den curso a una ley nula conforme el artículo 73 de nuestra Carta Magna por haber subvertido el orden Constitucional.

Hechos como éste demuestran una vez más que la institucionalidad democrática en la República Dominicana es una “caricatura”, y que los poderes del Estado no existen y carecen de total independencia, y que a pesar de haber transcurrido 50 años del ajusticiamiento de Trujillo, se sigue haciendo la voluntad del Presidente de la República por encima de la Constitucion y las leyes.

Llama la atención que una vez más, el Presidente del PRD, se someta a los intereses del Presidente de la República, y endose, esta vez un acuerdo para violar la Constitución y que carece de efecto jurídico. ¿Cómo puede el Presidente del PRD justificar este pacto si ese mismo partido había depositado una instancia por considerar que dicha ley era inconstitucional? ¿Qué confianza puede haber en un partido cuyo presidente, contradiciéndose a si mismo, por segunda vez se entrega en brazos del jefe de gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana?

Alianza País mantiene su requerimiento a la Suprema Corte de Justicia respecto de la “Acción Constitucional de Nulidad” del acto de aprobación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que mediante instancia debidamente motivada depositáramos en la Secretaria de nuestro más alto tribunal en fecha 7 de abril de 2011.

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El Dr. Guillermo Moreno considero hoy que el Ing. Hipólito Mejía va a necesitar más que palabras para hacer creíbles las promesas que acaba de formular en su discurso de proclamación al comprometerse a perseguir a los corruptos y a invertir el 4% del PBI en la educación, lo que es claro promesa de campaña y al pueblo ya le cogió al seña.

Moreno considero que hay que ser un desmemoriado para no recordar el desorden que imperó cuando Hipólito Mejía fue Presidente de la República, y en su mandato ni sometió a todos los corruptos del gobierno anterior, ni enjuició a los muchos corruptos de su propio Gobierno.

´´Si se examina alrededor del Ingeniero Hipólito Mejía hay connotados personajes que no pueden justificar la fortuna que poseen y Mejía sabe que se enriquecieron por actos de corrupción´´. Advirtió Moreno

Para el aspirante a la presidencia, Dr. Guillermo Moreno, de su promesa de invertir el 4 por ciento del PBI en la educación, se evidencia que es otro tema de campaña, porque cuando él fue gobierno en el período 2000 – 2004, la ley 66-97 de Educación que dispone la obligación de invertir el 4% del PBI en el sistema educativo, ya tenía tres años que estaba vigente y no la cumplió ¿Por qué creerle ahora?

Índica que las promesas que está haciendo el ex-presidentes Hipólito Mejía “caen en un saco roto”.´´ El está haciendo promesas de ocasión, diciendo lo que la gente quiere oír pero todos sabemos que cuando el pueblo dominicano le dio la oportunidad y lo invistió como Presidente de la República, él no lo hizo, y por tanto perdió su oportunidad histórica´´. ´´la gente no es tonta´´

Afirmó que los tres partidos que nos han gobernado en los últimos 45 años son co-responsables del desorden, la inseguridad, la inequidad, la falta de oportunidades para la juventud, el desempleo, la corrupción que hoy prima en Estado Dominicanos y que se lleva entre sus garras gran parte del presupuesto nacional.

Concluyo el Dr. Moreno que ninguno de los candidatos que presenten estos tres partidos, garantizan al pueblo Dominicano un cambio, por los intereses oscuro que representan, son más de lo mismo, y una vez llegados al poder gobiernan de espalda a los intereses y aspiraciones de la sociedad dominicana y se apropian sin piedad de los recursos públicos, para si y para beneficio de la elites que le financian sus millonarias campañas electorales.

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La primera medida de prevención de la corrupción es hacer un gobierno honesto, pulcro, que respete los fondos públicos, declaró Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País.

En una entrevista con Acento sobre los cinco aspectos fundamentales de una gestión gubernamental suya, Guillermo Moreno dijo que un gobierno honesto significa transparencia, rendición de cuenta, austeridad, ahorro en el gasto pública y aplicar la ley de carrera civil y servicio administrativo, fortalecimiento de la Cámara de Cuentas y someter a concursos cada una de las obras y servicios del Estado.

Dijo que lo correcto es hacer auditoría social de las obras que construya el gobierno, y para esas auditorías contar con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil.

“Junto a eso, entonces hay que desarrollar un esfuerzo en la persecución de la corrupción. En primer lugar, vamos a acabar con el borrón y cuenta nueva en la República Dominicana. Y vamos a someter a investigación el patrimonio de todos los funcionarios que han sido denunciados como corruptos de las últimas administraciones. Vamos a plantear convertir al Ministerio Público en un cuerpo élite del Estado con las inversiones necesarias para que mejore su eficiencia y también despolitizarlo, y especialmente dentro del Ministerio Público las entidades que se encargan de la investigación y la persecución de la corrupción”.

Puedes acceder a esta entrevista en la siguiente dirección: My Desc
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Si Leonel Fernández no se repostula es porque sabe del rechazo general a su mal gobierno y porque, objetivamente, no tiene forma de salvar el impedimento constitucional sin crear una crisis política que lo barrería del poder a él y a su grupo.

Es decir, Leonel Fernández al resignar su repostulación no lo hace por convicciones democráticas, sino porque las circunstancias lo obligan.

No hay que cantar victoria. Si bien Leonel Fernández se ve imposibilitado de reelegirse, no ha renunciado de su proyecto personalista de poder. Su continuismo y el de su grupo sigue siendo el principal enemigo de la institucionalidad democrática del país.

Leonel Fernández pretende apartarse tan solo físicamente del Poder Ejecutivo a partir de agosto de 2012, pero desde ya crea las condiciones para su retorno en el 2016. A partir de este momento, toda su actuación política se concentra y subordina al logro de ese propósito.

No olvidemos que el grupo que actualmente gobierna ha acumulado recursos y un sistema clientelar, pero sobre todo ha “entrampado” el sistema político de tal modo que ha asegurado el control del Congreso Nacional y de la Cámara de Cuentas, así como también del Consejo Nacional de la Magistratura, y desde este último, la composición de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

Es por todo lo anterior que la no repostulación de Leonel Fernández a la presidencia de la República no cambia sustancialmente el panorama político al interior del PLD. Y es que ninguno de los precandidatos a la nominación presidencial ha mostrado tener la determinación o las convicciones para encabezar una propuesta política diferenciada de los gobiernos y de las prácticas desarrolladas por Leonel Fernández. Ninguno ha sido capaz de condenar la corrupción de sus gobiernos, la concentración de poder en su persona o el irresponsable endeudamiento externo; de exigir la inversión del 4% del PBI en la educación, como dispone la ley; o de distanciarse de su modelo económico inequitativo; entre otras.

Por el contrario, todos los precandidatos cifran sus esperanzas en ganar su apoyo, y a esos fines reivindican su gobierno y se comprometen a darle continuidad. Por eso, de ninguno podemos esperar nada nuevo. Se han abierto las compuertas de la negociación y de la repartición del poder en la cúpula del PLD, bajo la tutela de Leonel Fernández.

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Apenas faltando unos días para que se cumpla el 50 aniversario del ajusticiamiento del tirano Trujillo somos testigos de un acto deprimente, propio de esa era tenebrosa de nuestra historia, en la que un Presidente, utilizando los recursos del Estado, humilla a las personas, obligándolas a firmar para que le muestren su lealtad, y propicia la sumisión de los poderes públicos a su voluntad continuista.

El león se ha hecho adicto al poder. El acto del pasado domingo 27 hizo evidente su propósito de reelegirse. El se declaró ser el único "garante" de las supuestas dos millones de firmas. Lo nuevo que se añade ahora es que la decisión de su reelección la tiene que adoptar el partido. Y todos sabemos cual será la decisión del partido. No se olvide que son funcionarios de su gobierno la mayoría de los miembros del Comité Político y del Comité Central; que el controla la casi totalidad de senadores, diputados y alcaldes.

El león esta acorralado. La constitución le prohíbe reelegirse y él no dispone en número suficiente de legisladores para reformar la Constitución. Al dejar en manos del partido la reelección lo que busca es que el Partido de la Liberación Dominicana avale lo que el león se dispone hacer para desbrozar el camino de su reelección.

El león perdió todo su atractivo. Primero fue un prolongado buuuuuuuuu al mencionar su nombre en el concierto de Silvio Rodríguez en Santiago. Luego las encuestas lo colocan entre los presidentes más impopulares de América Latina. Para la gente sus discursos carecen de credibilidad y son muy pocos los que se molestan en escucharlos. Su gobierno se perfila como uno de los más corruptos de nuestra historia republicana. El empresariado y voces desde las iglesias llaman su atención sobre cualquier aventura contra la institucionalidad. Intelectuales, artistas, periodistas le dirigen cartas contra la reelección. En esta situación, el León necesita que sea el partido quien reclame la reelección, ante lo cual, él, como simple soldado, procederá a ejecutar el mandato.

El león se prepara para dar su zarpazo constitucional y desbrozar el camino de la reelección. La vía es una decisión del Tribunal Constitucional que "legitime" la reelección. Por ello necesita del control absoluto en ese tribunal. Absoluto significa en este caso, un tribunal de leales, eliminando a su interior toda posibilidad de votos disidentes o razonados. Por eso todo el empeño en aprobar la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, en la forma que se hizo, aún en violación del procedimiento constitucional, y luego la observación de la ley del Tribunal Constitucional para hacerlo un traje a la medida de los jueces escogidos para que den la sentencia que significará la ruptura del orden constitucional dominicano.

Ya conocemos el libreto de la próxima actuación del León. Todas las condiciones están dadas para que se produzca una rebelión en el circo. (27 de marzo de 2011).
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La aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura por una mayoría simple, en violación de lo dispuesto por la Constitución que exige una mayoría calificada de 2/3 partes, tanto para las leyes orgánicas como para las observadas por el Poder Ejecutivo, pone al descubierto nueva vez la fragilidad de la institucionalidad democrática en el país.

Es claro que los legisladores no han actuado sin conocimiento de causa sobre la naturaleza de esta Ley pues la denominaron "Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura". Su decisión responde al despropósito que ha venido llevando a cabo el grupo que actúa desde el Poder Ejecutivo de someter al conjunto de instituciones del Estado a su control absoluto.

Primero fue la utilización de los recursos del Estado para imponer la reelección en 2008. Luego, en las elecciones de 2010 se valieron también del patrimonio público para alzarse con el dominio absoluto del Senado y la mayoría en el Congreso Nacional.

Con ello aseguraron una mayoría absoluta para elegir los integrantes de la Cámara de Cuentas, de la Junta Central Electoral y el Consejo Nacional de la Magistratura, y por medio de este ultimo, el nombramiento de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional.

Con la aprobación de esta Ley por la cámara de diputados se le otorga al Presidente de la República poderes casi absoluto para adoptar decisiones en el seno del Consejo Nacional de la Magistratura.

Es decir, en los hechos, el grupo que controla el Poder Ejecutivo ha eliminado la separación e independencia de los poderes del Estado, principio cardinal de todo orden constitucional democrático.

La aprobación de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura, en violación del orden constitucional demuestra que el grupo que controla el Poder Ejecutivo está dispuesto a aplastar hasta la tímida oposición política del PRD en la Cámara de Diputados.

A todo lo anterior hay que añadir que ese grupo, por vía de la tarjeta de solidaridad y otros programas clientelistas, mantiene secuestrado un segmento poblacional y lo utiliza para legitimar sus acciones y propósitos.

Ahora se apresta a presentar miles de firmas obtenidas con presión y chantaje para la repostulación del actual Presidente de la República, a pesar de que la Constitución de modo expreso prohíbe la reelección.

No se ignore que este grupo tiene gran poder económico fruto de un proceso de acumulación por vía de la corrupción solo comparable con el realizado por la dictadura de Trujillo.

Es pues evidente que este grupo de poder esta dispuesto a mantener su dominio político aun desconociendo el orden constitucional. Ante esta situación la ciudadanía y los distintos sectores sociales tienen que reaccionar y ponerse en movimiento y someter a los gobernantes y a las autoridades al respeto de la Constitucionalidad. En ello nos jugamos la existencia de la democracia en el país.
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La declaración hecha pública ayer lunes 4 del cursante mes, por los Dres. Rafael Dunker y Miguel Medina, expresa la intencionalidad de un conjunto de organizaciones sociales, ciudadanas y políticas de llevar un candidato común, habiendo incluido nuestra candidatura a la presidencia de la República, la cual fue decidida por Alianza País en su Convención Nacional Eleccionaria del 20 de febrero del cursante año.

Alianza País valora ese “acuerdo de intención” como lo que es, una iniciativa loable de un conjunto de personalidades y organizaciones, que no tiene expresión organizativa propia y que deberá definir la forma de llevar a cabo los propósitos que la animan.

Alianza País, al tiempo que valora esta iniciativa, continúa impulsando el conjunto de sus tareas de cara a las elecciones de mayo de 2012, y muy particularmente el desarrollo de su “Jornada Nacional de Afiliación a la candidatura presidencial.”

Alianza País asume el trabajo en el seno de la sociedad como el escenario principal para construir la unidad del conjunto de ciudadanos y ciudadanas que aspiran a una propuesta política diferente, plural, que se exprese electoralmente y en capacidad de producir un cambio de rumbo en la República Dominicana.


Dr. Guillermo Moreno
Presidente
Alianza País.

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Por Guillermo Moreno
En su momento nos opusimos a la aprobación del actual texto Constitucional, en parte por su contenido y por haberse aprobado por vía de la Asamblea Revisora y no por la Asamblea Constituyente como opinó un 67% de los ciudadanos consultados. Pero al margen de nuestra posición esa es la Constitución vigente. Pasar por alto las reiteradas manifestaciones de desconocimiento del texto constitucional, la última de las cuales ha sido la aprobación de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura en violación de lo dispuesto en la propia Constitución que exige una mayoría de dos terceras partes para la aprobación de las leyes orgánicas, significa aceptar como válido que los legisladores puedan actuar al margen de la Carta Magna. Es el momento de reaccionar y exigir respecto de la Constitución. Nueva vez hay que ponerse en movimiento para llevar a las autoridades del Estado al respecto de la legalidad. La ruptura del orden democrático constitucional de derecho nos lleva al caos y en ese territorio perdemos todos. (16.03.2011)

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SI USTED NO SABE, NOSOTROS SI

Si el Dr. Leonel Fernández y su gobierno, conforme sus últimas declaraciones, no saben qué hacer en el sistema educativo dominicano, nosotros si.
Asumimos la inversión inicial del 4 % del PIB en el sistema educativo para:
Acabar en dos años con el analfabetismo, que en el país asciende a los dos dígitos;
Enfrentar la deserción escolar, que en la educación básica y media es superior al 70%;
Universalizar la educación inicial y la educación media;
Aumento de salarios a los docentes y desarrollo de planes de capacitación permanente;
Agresivo programa de construcción y reparación de aulas en todo el país, conforme las necesidades;
Equipar adecuadamente las escuelas de mobiliario, materiales y laboratorios;
Implementar la tanda única de 8 horas en la educación, incluyendo desayuno y almuerzo;
Convertir los liceos de educación media en liceos politécnicos;
Hacer las inversiones necesarias en el Sistema de Educación Superior para garantizar en éste la investigación, la capacitación docente y su desarrollo equilibrado en todas las regiones del país, vinculándolo a la producción, los servicios, el comercio y la cultura.
El cumplimiento del 4% del PIB que dispone la Ley General de Educación, lo asumimos como un primer nivel de inversión, pues como expresamos en Alianza, Una propuesta de País, (enero 2009), página 48, tenemos el compromiso de su aumento progresivo hasta llevarlo a un 8% del PIB, en los 10 años siguientes. (GM.25.11.2010).

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QUE ALGUIEN LE DIGA...

Alguien debiera decirle al Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, que la exigencia del 4% del PIB para la Educación, no es un falso o verdadero debate, es más, que no es un debate, que simplemente es la disposición de una ley que él debe cumplir y respetar, como juró hacer ante la Asamblea Nacional.

Alguien debiera decirle al Presidente que ya se hizo el debate de porqué un 4%, para qué un 4% y cómo invertir el 4% en el sistema educativo dominicano. Ese debate se realizó en el seno de la sociedad, y específicamente en el Congreso Nacional, cuando se aprobó y consignó en el artículo 197 de la Ley General de Educación No.66-97, en 1997, es decir, hace 13 años, de los cuales él ha gobernado diez años.

Alguien debiera decirle al Presidente que fue él quien promulgó esa ley.

Que alguien se lo diga.

(24.11/2010).

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